España investiga coimas en alcantarillado de La Pintada

La justicia española investiga manipulación en el proceso para licitar el sistema de alcantarillado de La Pintada

El proyecto para construir un sistema de alcantarillado sanitario de La Pintada, en Coclé, que fue otorgado a dos empresas españolas vinculadas a una trama de corrupción, está paralizado por problemas económicos y administrativos y está a punto de ser cancelado por incumplimiento del contrato.

Una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco apunta a un supuesto pago de coimas a cambio de la adjudicación de este contrato al consorcio integrado por Obras Públicas. S.A. (Cleop) e INASSA, filial del Canal Isabel II, empresa pública española encargada de la gestión del ciclo integral del agua en gran parte de Madrid.

De acuerdo a un auto judicial, al que hace referencia una publicación del diario digital El Confidencial, el funcionario judicial alega una manipulación del proceso de licitación del proyecto del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia de Panamá.

La tesis del juez apunta a un pago de comisiones ilegales por un monto de $273,672.32 que habrían sido disfrazadas como un contrato de prestación de servicios inexistente con la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas denominada Eduholding Corp.

El Confidencial aseguró haber tenido acceso a uno de los pagos, de $27,072, efectuado desde España por el consorcio a la empresa Eduholding, S.A. inscrita en Panamá el 30 de octubre de 2009, en concepto de ‘servicio de gestión, consultoría, asesoría técnica y acompañamiento del negocio’.

La misma sociedad panameña está envuelta en un escándalo de malversación de fondos públicos por un contrato suscrito por la Universidad de Panamá para el diseño construcción y equipamiento de siete centros de innovación y emprendimiento tecnológico.

Un informe de auditoría de la Contraloría General determinó que el Consorcio Innovación Ejecutiva, compuesto por cuatro empresas – Eduholding, S.A., Lyric Electronics Ltd, S.A., Ses Scientific Educational Systems Ltd, S.A. y Construcciones Arpa, S.A. – ocasionó un perjuicio al Estado de $3.5 millones.

El informe determinó la existencia de facturas ‘duplicadas’ por $2.9 millones y la falta de programas informáticos y mobiliarios que estaban incluidos en los contratos.

Como consecuencia, mediante el Auto N° 82-2017 de 15 de febrero de 2017, del Tribunal de Cuentas de Panamá se ordenó cautelar bienes y poner fuera del comercio a las cuatro empresas.

Una solicitud de la Fiscalía de Cuentas, que cita el magistrado Álvaro Visuetti Zevallos en el oficio de cautelación de bienes, establece que las empresas recibieron pagos de la Universidad de Panamá que no se justificaban y cobraron por actividades que fueron emitidas en la etapa de planificación.

En esta sociedad aparecen como miembros Ramón Falak (suscriptor), Jessica de Attias (suscriptor), Kenia Morales (agente residente), Imara Sánchez (tesorero), Margot Córdoba (secretario), Ana Elizabeth Díaz Cochez (apoderado) y José Ramos (presidente).

La noticia de El Confidencial destaca que la sociedad en Panamá tiene entre sus directivos a Ramón Falak, una persona a la que se vincula con los intereses de los hermanos Gabriel ‘Gaby’ y Mike Btesh, empresarios cercanos al denominado ‘círculo cero’ del expresidente Ricardo Martinelli.

VERSIÓN DEL EXMINISTRO

El contrato para el sistema de alcantarillado en La Pintada fue refrendado por la Contraloría General en enero de 2013 y fue firmado por el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, y por el representante legal del consorcio, Francisco Javier Domínguez, quien está siendo investigado por la justicia española.

El exministro de la Presidencia, conultado por este diario , aseguró que no participó en la negociación del contrato y que todo fue manejado por la unidad ejecutoria del proyecto (Conades). ‘No tengo en mi memoria ninguna particularidad sobre este contrato, ni siquiera lo recuerdo. Ni conozco a esa empresa’, añadió el exfuncionario de la administración de Martinelli Berrocal (2009 – 2014).

Henríquez explicó que la institución que ejecuta el proyecto es la encargada de la licitación del proyecto (Conades). ‘Cuando (el contrato) llega al despacho del ministro está revisado por el departamento de asesoría legal, que se cerciora de que cumple con todas las normas’, concluye.

El proyecto, que tiene un 45% de avance, podría ser cancelado el próximo lunes si no se retoman las obras. Una fuente oficial de la Presidencia de Panamá explicó que Conades ha dado tiempo hasta el domingo para que se reinicien las obras. Pero, si esto no ocurre se ejecutará la fianza de cumplimiento que es de un 10% del valor del contrato ($400 mil).

Esta obra beneficiaría a 4 mil personas o e incluye una planta de tratamiento y una red de 10 kilómetros de tuberías de distintos tamaños; además, por la topografía del área, se necesitarán cuatro estaciones de bombeo.

La Estrella de Panamá contactó a INASSA para conocer una versión de la empresa española.

Sherly Ortíz, que se identificó como asistente de gerencia, prometió devolver una llamada al medio para responder las interrogantes de este caso, pero a pesar de la insistencia por obtener una versión de la empresa, no fue posible. Este medio conoció de una fuente crcana a la obra que la empresa tiene problemas económicos y administrativos para desarrollar el proyecto, como consecuencia de la retirada del proyecto de su socio, que Inassa intentó sustituir sin éxito.

Este medio también intentó contacta a Cleop, pero los números de la empresa que aparecen en el directorio no están asignados. En Panamá, Carlos Bello Vicente funge como uno de los directores de esta compañía.

Según detalla el juez Velasco en su auto, Bello fue la persona que se encargó de todo lo relacionado ‘con los contratos y las comisiones a pagar’.

‘Yo no participe de la negociación de ese contrato. Ese contrato lo manejo la institución encargada (Conades)’,