La temeraria apuesta de Panamá frente a las inversiones extranjeras: un análisis de las demandas de arbitraje

La temeraria apuesta de Panamá frente a las inversiones extranjeras

Panamá ha sido reconocido durante mucho tiempo por ser una economía estable en América Latina, con un sólido PIB per cápita y una entrada positiva de inversiones extranjeras. Sin embargo, este envidiable historial está ahora en riesgo debido a una avalancha de demandas de arbitraje por recientes medidas que afectan las inversiones de propiedad extranjera en sectores como la minería.

Uno de los proyectos de inversión extranjera más grandes en Panamá en las últimas décadas ha sido la mina Cobre Panamá. Esta operación ha representado el 75% de las exportaciones del país y alrededor del 5% de su PIB nacional desde que inició su producción en 2019. La compañía canadiense First Quantum, que posee el 90% de la mina, ha invertido cerca de US$10.000 millones en su desarrollo. Sin embargo, tras una serie de renegociaciones, la licencia de la mina fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Panamá en noviembre de 2023, lo que ha llevado a una serie de demandas de arbitraje por parte de inversores extranjeros.

First Quantum ha iniciado un arbitraje internacional contra Panamá exigiendo US$30.000 millones de dólares, mientras que otras empresas como Franco-Nevada, Komir y Liebherr también han presentado demandas por compensaciones millonarias. En total, Panamá enfrenta pasivos por un total de US$57.000 millones, más de la mitad de su PIB, solo en relación con la mina Cobre Panamá.

Estas demandas masivas podrían tener un impacto devastador en la economía panameña, similar a lo que experimentó Argentina tras una ola de reclamaciones de inversores extranjeros. Argentina se vio obligada a pagar cifras multimillonarias para compensar a los inversores y recuperar su acceso a los mercados internacionales de capital.

Por lo tanto, es crucial que Panamá tome medidas rápidas y amistosas para resolver las actuales disputas sobre inversiones extranjeras, evitando así años de prolongados procesos judiciales en el extranjero que podrían estimular la incertidumbre económica y la angustia en el país. El precedente argentino debería servir como advertencia para Panamá, recordándoles los costos económicos y sociales que pueden surgir de una situación similar.

En conclusión, es fundamental que Panamá busque una solución rápida y amistosa a las demandas de arbitraje actuales, evitando así mayores daños a su economía y reputación internacional. La estabilidad y la confianza de los inversores extranjeros son clave para el crecimiento sostenible del país, y es crucial que se tomen medidas para proteger estas relaciones en el futuro.