PANAMÁ CIERRA PUERTASA LAVANDERÍA DE DÓLARES

Las facilidades que aún ofrece Panamá a los narcotraficantes para lavar dólares, canalizarlos a sus centros de interés y pasarlos a prósperos negocios parecen vivir sus últimos días.

in bien, en el pasado el Istmo ha tratado de taponar las esclusas para la movilización de dineros de dudosa procedencia, no existe una ley que castigue severamente esta práctica ilícita, pues la lucha se libra hasta ahora con decretos gubernamentales.

Las cosas están cambiando. En el parlamento cursa, con muy buena dinámica, un proyecto que castiga con cárcel y multas millonarias el lavado de dinero. La iniciativa ya fue tramitada en primer debate y el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares está en la tónica de darle los empujones que necesite de aquí en adelante.

Panamá es considerado como un canal a través del cual se blanquean millonarias sumas de dinero, la mayoría de las cuales de propiedad de narcotraficantes que utilizan el prolífico sistema financiero, conformado por más de 110 casas bancarias.

El proyecto establece multas para los lavadores hasta por un millón de dólares y largas penas de prisión, que dependen del monto de la infracción.

Para los analistas, la iniciativa que cursa en el legislativo es dura y severa y coloca a Panamá dentro de los países que han decidido iniciar una lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos.

Como está el proyecto hasta ahora, las empresas de la Zona Libre de Colón, los bancos y otro tipo de organismos como la lotería nacional, casinos, aseguradoras y centros comerciales deberán informar a las autoridades todas aquellas transacciones en efectivo superiores a 10.000 dólares de procedencia dudosa.

La información, que tendrá carácter obligatorio, deberá ser suministrada a la Unidad Especial de Análisis Financiero, entidad dependiente del gobierno.

Con los datos, la Unidad procederá a investigar el origen del dinero y determinar si es fruto del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita.

El hecho de que la persona no pueda demostrar la legalidad de la transacción amerita cárcel y la imposición de cuantiosas multas.

Recientemente, el presidente de la Comisión de Drogas del parlamento, Alberto Alemán Boyd, le explicó a la agencia internacional de noticias EFE que el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares ha decidido declararle una guerra frontal al narcotráfico y a todos los delitos derivados de esta actividad criminal .

Se mantiene la reserva

Aunque el proyecto es riguroso y cambia los patrones de libertad conque tradicionalmente ha trabajado la banca, la nueva legislación no afectará la confidencialidad que caracteriza al centro financiero panameño. Y se cree que tampoco perjudicará el movimiento comercial legal de la Zona Libre de Colón.

Según Alemán Boyd, desde 1990 está vigente un decreto ejecutivo que castiga el lavado de dinero del narcotráfico . Pero ahora- agregó- lo que queremos aprobar es una ley, que tiene seis artículos, en coordinación con banqueros y empresarios .

De hecho, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que reúne la mayoría de las instituciones financieras del Istmo, cuenta desde septiembre pasado con un reglamento para la prevención del lavado de dinero por parte de narcotraficantes.

Este es una especie de código de autorregulación como el que hace varios años se diseñó en Colombia por parte de Asobancaria.

El reglamento de la ABP integra un conjunto de prácticas bancarias, algunas de las cuales ya existen en cada institución financiera, con el fin de prevenir que sus servicios sean usadas para el blanqueó de dinero sucio.

El proyecto también ha despertado inquietud entre los comerciantes de la Zona Libre de Colón, en donde tienen representación comercial unas 1.200 empresas. Sin embargo, el propio gobierno y la comisión parlamentaria han explicado que la nueva legislación no busca perseguir la actividad mercantil legal, sino aquella que se presta para prácticas dudosas.

Blanco de los narcos

Para nadie es un secreto, que el centro bancario de Panamá y la Zona Libre de Colón han sido identificados como estructuras que los narcotraficantes utilizan para lavar sus beneficios del tráfico de drogas.

La iniciativa no busca perseguir a quienes trabajan legalmente. Y es por eso que el reporte se fundamenta en transacciones en efectivo superiores a 10.000 dólares, explicó un funcionario del gobierno.

Según recuerda la comisión legislativa, en el último año cuatro empresarios de la Zona Libre fueron detenidos y sus empresas intervenidas por formar parte de redes de lavado de cientos de millones de dólares con ramificaciones en Canadá y Estados Unidos.

EFE recuerda que uno de los empresarios, Israel Mordock, fue detenido a finales de octubre y deportado a Estados Unidos, donde un tribunal federal de Nueva York le acusa de blanquear unos 500 millones de dólares.

Y por vinculación con esta trama también se detuvo en su empresa de Colón a Alberto Laila, nacionalizado panameño, que está a disposición de la fiscalía nacional, que ha pedido a las autoridades estadounidenses documentación para juzgarlo.