Rion BabuSegún Mercedes Araúz de Grimaldo, no procedía ni procede declarar la nulidad absoluta de lo actuado durante las sumarias
Solicita que el pleno de la Corte modifique lo dictado el pasado 17 de septiembre y entre a calificar el sumario instruido por el Ministerio Público.
La acción legal establece que el Ministerio Público inició las investigaciones el 17 de enero de 2002, cuando los legisladores no gozaban de inmunidad y esto fue confirmado en fallo de la propia Corte el 12 de abril de 2002, en el que establecía igual criterio.
También sustenta la procuradora encargada que existen varios fallos previos en los que la Corte acoge el recurso de reconsideración contra resoluciones emitidas por el pleno y en los cuales se modifican las sentencias originales.
En este último aspecto, se hace referencia a un fallo del 23 de noviembre de 1993, con la ponencia del magistrado Fabián Echevers, en donde se admite un recurso de reconsideración.
También se incluye como jurisprudencia en esta materia, otro fallo del pleno de la Corte, del 11 de diciembre de 1995, teniendo como magistrado sustanciador a José Manuel Faúndes.
En este caso, el pleno acogió el recurso de reconsideración presentado por el Ministerio Público contra una fianza concedida a Albert Laila, acusado de narcotráfico, la cual fue acogida y luego se modificó la sentencia aumentando el monto de la fianza como lo había pedido la Procuraduría General de la Nación.
Se informó que se le correrá traslado de este recurso al magistrado suplente Jacinto Cárdenas, quien fue ponente del fallo del caso CEMIS.
Por su parte, el ex jefe del Ministerio Público, Rogelio Cruz indicó ayer que ha sido poco usual la queja pública que hizo la procuradora suplente.
Por otro lado, también informó que desde hace 10 años hay un pacto tácito de no agresión entre la Corte y la Asamblea Legislativa. De acuerdo con la Constitución, los magistrados de la Corte Suprema juzgan a los legisladores, y éstos a aquéllos.
Con excepción del caso del ex magistrado Faúndes, indicó Cruz, todas las denuncias contra los miembros de la Corte han sido archivadas por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa. Tampoco se recuerda a un legislador condenado por la Corte Suprema, sostuvo.
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